Las personas que firmamos este manifiesto queremos denunciar cómo los grandes poderes económicos, y sus negocios especulativos, están destruyendo poco a poco nuestras ciudades, nuestros pueblos y nuestras vidas.

Desde hace algunos años estamos viendo como empieza a resurgir en nuestro país una nueva burbuja especulativa en torno a la vivienda. El brutal aumento de los precios del alquiler sólo se explica por la acción especulativa de grandes fondos de inversión, así como por la total desregulación en torno los pisos turísticos.

También hemos visto como poco a poco se ha ido imponiendo un modelo turístico depredador y sin control, dejando grandes beneficios empresariales, pero a cambio de los empleos más precarios y peor pagados; a cambio de un descomunal aumento de los alquileres para las familias trabajadoras; a cambio del encarecimiento de la vida en determinados barrios y la expulsión de las vecinas y vecinos, así como el pequeño comercio de toda la vida.

Pero esta nueva ola especulativa no se concentra sólo en grandes ciudades, sino que también está atacando con dureza el medio rural andaluz. Grandes empresas eléctricas acaparan tierras agrícolas para poner en marcha megaproyectos renovables que ponen en peligro el entorno natural. Fondos “buitre” de inversión también acaparan tierras para desarrollar una agricultura superintensiva que ofrece un gran beneficio en el corto plazo, pero destruye la tierra en el largo, además acabar con muchas pequeñas y medianas explotaciones destruyendo miles de empleos en un sector clave para fijar población.

Este capitalismo salvaje y descontrolado supone grandes beneficios para una minoría poderosa, pero grandes perjuicios para las familias trabajadoras. Además, este desarrollo económico injusto está generando una Andalucía de dos velocidades. La costa y las grandes ciudades reciben mucha inversión, tanto privada como pública, mientras la Andalucía rural interior se muere por un despoblamiento generado por la falta total de oportunidades.

Es por esto que exigimos a los poderes públicos que protejan los intereses de las familias trabajadoras frente a las ansias especulativas de las élites económicas; que su papel no es hacerse sentir más cómodo al poderoso, sino trabajar en función de los intereses de la mayoría social trabajadora. Exigimos que se haga una inversión más justa del dinero público, priorizando las necesidades de las personas que vivimos aquí a las de los fondos de inversión multinacionales.

Animamos a nuestras vecinas y vecinos a decir basta, a organizarse y plantar cara a los especuladores, a defender algo que creemos que es de sentido común: que nuestras vidas son más importantes que sus ansias de beneficio, que nuestros derechos van antes que sus privilegios, y que las ciudades y los pueblos deben gestionarse en función de los intereses de la gente que vive en ellos, no de los grandes inversores especulativos.